Según esta encuesta el sentimiento de felicidad en el mundo ha mejorado. ¿Cree usted que es cierto?
AFP - jueves, 10 de julio, 09.40
WASHINGTON (AFP) - El sentimiento de felicidad en el mundo muestra una mejoría en unos 50 países evaluados entre 1981 y 2006, según un estudio realizado por Michigan Institute for Social Research y publicada en la edición de julio de Perspectives of Psychological Science.
El sentimiento de felicidad está en alza en 40 de los 52 países en los que fueron recolectados los datos.
Dinamarca encabeza la lista en cuanto a una mejor percepción de la felicidad, mientras que Zimbabue muestra luz roja.
Esta encuesta, titulada 'World Values Surveys', muestra que en India, Irlanda, México, Puerto Rico y Corea del Sur se es mucho más feliz en 2006 que en 1981.
La tasa de felicidad conoce una mejora menor en otros 14 países, incluidos nueve europeos como Francia, Italia, España o Suecia. En este grupo, donde los habitantes sienten un ligero avance en el alcance de la felicidad, también se encuentra Canadá, China, Argentina y Japón. En Estados Unidos, Suiza y Noruega, la percepción de la felicidad quedó estancada.
"Felicidad y satisfacción progresan de manera drástica cuando pasamos un límite de pobreza que sólo permite subsistir a un nivel modesto de seguridad económica", afirma el estudio. "En el seno de las sociedades ricas, un aumento adicional de los ingresos está apenas ligado a un mayor sentimiento de bienestar", agrega el informe.
La felicidad de los habitantes de un país está con frecuencia más relacionada con el grado de democracia de su régimen, afirma el principal autor del documento, Ronald Inglehart. "Los resultados muestran bien que las sociedades más felices son aquellas que dan a la gente la libertad de elegir su tipo de vida", agregó, subrayando que las sociedades democráticas y tolerantes como las de Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos y Canadá son parte de la lista de los 10
jueves 10 de julio de 2008
lunes 31 de marzo de 2008
EEUU descalifica a RD para fondos Cuenta del Milenio
Por: Candida Acosta
SANTO DOMINGO.- República Dominicana y Guatemala figuran en el Departamento de Estado de los Estados Unidos como los dos únicos miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) que continúan sin poder acceder a los fondos que otorga el gobierno norteamericano a los países en desarrollo para enfrentar los desafíos de la pobreza mediante la Cuenta del Milenio, al no cumplir con indicadores de gobernabilidad, corrupción y mejora de la calidad de vida de la población.
José E. Signoret, director de la Oficina del Fortalecimiento de Capacitación Comercial (TCB) de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), dijo en una entrevista para LISTÍN DIARIO, que Estados Unidos ha donado US$10 millones anual a República Dominicana y a Guatemala, “dos países que no han cumplido con el acuerdo de Cooperación del Milenium Corporation”. Signoret coordina los temas en América Latina y el Caribe y colabora con el Departamento de Investigación de la Comisión de los Estados Unidos para el Comercio Internacional.
Dijo que República Dominicana no puede acceder a los fondos porque tiene que cumplir algunos criterios para ser elegible a la Cuenta del Milenio y con indicadores sobre corrupción, inversión en salud y educación, “que son en los que República Dominicana tiene las mayores dificultades relativo a los criterios de selección”.
El funcionario estadounidense explicó que República Dominicana entró en el renglón de naciones con ingreso per cápita más alto que Honduras y Nicaragua y por tanto tiene que cumplir requisitos por encima de la media en una serie de indicadores que son críticos, y en los cuales algunos tienen que ser satisfechos y otros son opcionales.
“Son casi 20 indicadores. No es que tengan que pasar los 20, pero hay algunos que son críticos y esos que son críticos la República Dominicana no los ha podido satisfacer en el nuevo grupo que está, en el grupo de países bajos pero con ingresos un poquito más altos”, reveló Signoret en el marco de la entrevista efectuada en el “Centro Franklyn”, de la embajada estadounidense en el país.
El reporte último fue dado a conocer entre octubre y noviembre de 2007, dijo Signoret, quien al ser preguntado si los resultados han mejorado desde 2005, precisó que los indicadores no se han movido mucho y que “el problema es que se han mantenido más o menos igual”.
Precisó que es posible que muchas de las acciones que se están implementando en el Gobierno dominicano para mejorar su posición puedan tomarse su tiempo para que se reflejen en los estudios.
Principales criterios
Los tres criterios más importantes que se toman en cuenta son la gobernabilidad, la parte económica y la otra categoría es el área social (educación y salud), afirmó el asesor de políticas económicas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Dutyy D. Greene, que estuvo presente en la entrevista.
Greene destacó los avances del país en el ambiente de negocios, al lograr reducir la cantidad para formalizar el inicio de un negocio y se está trabajando bien. “Donde tiene su problema es en el indicador de corrupción”.
El origen de la MCA La Corporación Reto del Milenio (MCC) fue establecida el 23 de enero de 2004 para administrar la Cuenta del Milenio “Millennium Challenge Account (MCA)”, un nuevo programa de ayuda exterior cuyo propósito es hacer más efectiva la ayuda estadounidense para mejorar las economías y niveles de vida en países en desarrollo calificados. El Congreso estadounidense autorizó para el primer año de la MCA casi 1,000 millones de dólares. La nueva cuenta MCA busca recompensar las decisiones correctas de políticas que apoyen el desarrollo económico y reduzcan la pobreza. Aplica a países en desarrollo que demuestren un firme compromiso con respecto a: Buena administración. Extirpar la corrupción, defender los derechos humanos y cumplir los preceptos de la ley son condiciones fundamentales para un desarrollo exitoso.
SANTO DOMINGO.- República Dominicana y Guatemala figuran en el Departamento de Estado de los Estados Unidos como los dos únicos miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) que continúan sin poder acceder a los fondos que otorga el gobierno norteamericano a los países en desarrollo para enfrentar los desafíos de la pobreza mediante la Cuenta del Milenio, al no cumplir con indicadores de gobernabilidad, corrupción y mejora de la calidad de vida de la población.
José E. Signoret, director de la Oficina del Fortalecimiento de Capacitación Comercial (TCB) de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), dijo en una entrevista para LISTÍN DIARIO, que Estados Unidos ha donado US$10 millones anual a República Dominicana y a Guatemala, “dos países que no han cumplido con el acuerdo de Cooperación del Milenium Corporation”. Signoret coordina los temas en América Latina y el Caribe y colabora con el Departamento de Investigación de la Comisión de los Estados Unidos para el Comercio Internacional.
Dijo que República Dominicana no puede acceder a los fondos porque tiene que cumplir algunos criterios para ser elegible a la Cuenta del Milenio y con indicadores sobre corrupción, inversión en salud y educación, “que son en los que República Dominicana tiene las mayores dificultades relativo a los criterios de selección”.
El funcionario estadounidense explicó que República Dominicana entró en el renglón de naciones con ingreso per cápita más alto que Honduras y Nicaragua y por tanto tiene que cumplir requisitos por encima de la media en una serie de indicadores que son críticos, y en los cuales algunos tienen que ser satisfechos y otros son opcionales.
“Son casi 20 indicadores. No es que tengan que pasar los 20, pero hay algunos que son críticos y esos que son críticos la República Dominicana no los ha podido satisfacer en el nuevo grupo que está, en el grupo de países bajos pero con ingresos un poquito más altos”, reveló Signoret en el marco de la entrevista efectuada en el “Centro Franklyn”, de la embajada estadounidense en el país.
El reporte último fue dado a conocer entre octubre y noviembre de 2007, dijo Signoret, quien al ser preguntado si los resultados han mejorado desde 2005, precisó que los indicadores no se han movido mucho y que “el problema es que se han mantenido más o menos igual”.
Precisó que es posible que muchas de las acciones que se están implementando en el Gobierno dominicano para mejorar su posición puedan tomarse su tiempo para que se reflejen en los estudios.
Principales criterios
Los tres criterios más importantes que se toman en cuenta son la gobernabilidad, la parte económica y la otra categoría es el área social (educación y salud), afirmó el asesor de políticas económicas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Dutyy D. Greene, que estuvo presente en la entrevista.
Greene destacó los avances del país en el ambiente de negocios, al lograr reducir la cantidad para formalizar el inicio de un negocio y se está trabajando bien. “Donde tiene su problema es en el indicador de corrupción”.
El origen de la MCA La Corporación Reto del Milenio (MCC) fue establecida el 23 de enero de 2004 para administrar la Cuenta del Milenio “Millennium Challenge Account (MCA)”, un nuevo programa de ayuda exterior cuyo propósito es hacer más efectiva la ayuda estadounidense para mejorar las economías y niveles de vida en países en desarrollo calificados. El Congreso estadounidense autorizó para el primer año de la MCA casi 1,000 millones de dólares. La nueva cuenta MCA busca recompensar las decisiones correctas de políticas que apoyen el desarrollo económico y reduzcan la pobreza. Aplica a países en desarrollo que demuestren un firme compromiso con respecto a: Buena administración. Extirpar la corrupción, defender los derechos humanos y cumplir los preceptos de la ley son condiciones fundamentales para un desarrollo exitoso.
domingo 6 de enero de 2008
Un informe cuestionable
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), acaba de publicar el informe titulado "Democracia, mercado y transparencia" correspondiente al año 2007, documento que "mide" el ranking de los países que mejor permiten las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.
Sin embargo, las nociones políticas en que se sustenta la metodología de ese informe esconde realidades que seguramente cambiarían el cuadro de los resultados expuestos por CADAL y, en consecuencia, negarían la objetividad y validez del instrumento de medición, pues no todo desempeño "formal" de un país que permite libertades democráticas (multipartidismo, etc.) y que tiene una economía de mercado (productores privados y libre oferta y demanda), ejerce la gestión de gobierno de manera transparente. Tal es el caso de la República Dominicana y de la mayoría de los países latinoamericanos, por citar un ejemplo conocido.
Por otra parte, el informe no considera cifras que reflejen la inversión social (gasto anual de los presupuestos nacionales destinados a salud, educación, seguridad social) o indicadores que resultan de esa inversión social: tasa de mortalidad infantil, de escolaridad, etc.
En suma, los lectores pueden sacar sus propias conclusiones leyendo el texto original en http://www.cadal.org/ , pero a mi juicio, medir los índices mediante el Simpaticómetro Político nos ofrecería una realidad menos manipulada.
Sin embargo, las nociones políticas en que se sustenta la metodología de ese informe esconde realidades que seguramente cambiarían el cuadro de los resultados expuestos por CADAL y, en consecuencia, negarían la objetividad y validez del instrumento de medición, pues no todo desempeño "formal" de un país que permite libertades democráticas (multipartidismo, etc.) y que tiene una economía de mercado (productores privados y libre oferta y demanda), ejerce la gestión de gobierno de manera transparente. Tal es el caso de la República Dominicana y de la mayoría de los países latinoamericanos, por citar un ejemplo conocido.
Por otra parte, el informe no considera cifras que reflejen la inversión social (gasto anual de los presupuestos nacionales destinados a salud, educación, seguridad social) o indicadores que resultan de esa inversión social: tasa de mortalidad infantil, de escolaridad, etc.
En suma, los lectores pueden sacar sus propias conclusiones leyendo el texto original en http://www.cadal.org/ , pero a mi juicio, medir los índices mediante el Simpaticómetro Político nos ofrecería una realidad menos manipulada.
lunes 19 de noviembre de 2007
Mi gobierno simpático
Por: Enrique Soldevilla
El primer deber de un gobierno es ser simpático. Nótese que digo de un gobierno y no de un gobernante, pues aunque se trate de un líder carismático y portador de un excelente sentido del humor, su actuación política genuinamente simpática dependerá del sustrato filosófico y de la cultura organizacional del Estado al que representa.
Ejercer la función administrativa de los asuntos del Estado puede llegar a convertirse en un desempeño simpático ante la opinión pública si el liderazgo demuestra cultura, altruismo y voluntad de propiciar el bien común. Porque ser un gobierno simpático resulta de la actitud de compromiso político con la ciudadanía en el sentido de solucionar aquellos problemas apremiantes que afectan a la sociedad en su conjunto, y en particular a los sectores de menores ingresos, a fin de lograr una equidad social lo más justa posible.
El discurso de un gobierno simpático habla del desarrollo del individuo y de la familia, no del de grupos de poder ni del propio Estado. Las creencias sobre la necesidad de un Estado “fuerte” hoy son inoperantes si no se concibe que la fortaleza del Estado contemporáneo viene dada por su capacidad de satisfacer las necesidades básicas del individuo, entre las cuales está la necesidad de libertad. ¿De qué sirve informarnos de que el Estado es “fuerte”, que la “macroeconomía” tiene estabilidad, cuando ese supuesto “logro estadístico” no se traduce en la mesa de una familia ni en la calidad de vida de los individuos?
Un gobierno es simpático si el sistema socioeconómico en que se apoya lo es; cuando su gestión política transcurre a través de un sistema institucional armónico y democrático basado en la ética, en el respeto a la ley, en la transparencia, en la tolerancia de opiniones divergentes y en el altruismo; cuando desde esa institucionalidad el Estado (lo permanente) controla, fiscaliza y vigila al gobierno (lo temporal y cambiante), obligándolo a que su función administrativa del poder sea congruente con los ideales que el sistema socioeconómico persigue.
A la vez, un sistema socioeconómico es simpático cuando los ciudadanos perciben en la praxis gubernamental una sincera voluntad política de crear las bases para el desarrollo sustentable de la nación en una perspectiva a largo plazo; cuando evita la inequidad distributiva que conduce a polarizar la riqueza y la pobreza en extremos insostenibles; cuando ejecuta una inversión social más allá de lo simbólico-político con fines electorales. En suma, cuando establece políticas públicas dirigidas a encauzar un progreso tangible que beneficie al individuo, hombre o mujer, cuya existencia es efímera en términos temporales y por tanto aspira a materializar sus necesidades básicas durante su fugaz paso por la vida.
Un primer paso para que el gobierno comience a ser percibido como simpático es eliminar del presupuesto anual del Estado el subsidio a partidos y movimientos políticos y prohibir que el sector privado contribuya en modo alguno al sustento financiero de los partidos. Al mismo tiempo, declarar en la constitución que el eje de la vida nacional es la actividad económica y no la sistemática actuación política, improductiva y reproductora del círculo vicioso clientelista.
La supresión del financiamiento estatal y privado a las entidades políticas debiera ser el punto de partida del reordenamiento de la convivencia democrática del siglo XXI y generaría sin dudas un sentimiento de beneficio social porque el Estado no se vería impulsado a estrangular a la gente con impuestos irracionales para pagar a clientes políticos y, al mismo tiempo, las partidas presupuestarias que antes se tragaban los partidos ahora se destinarán a la educación, a la salud, al fomento del micro crédito comunitario para que sus habitantes creen la infraestructura básica en sus respectivas localidades. De igual modo el concepto de responsabilidad social corporativa, por ley, debiera enfocarse en las inversiones productivas, fomentadoras de empleos reales y en la creación de infraestructuras locales, dejando atrás el populismo de donativos circunstanciales y simbólicos.
En países de economía abierta, dependientes de las importaciones, el beneficio sería igualmente tangible, porque al suprimir la voracidad fiscal para sufragar la dinámica clientelista, los aranceles se reducirían a niveles mínimos razonables, a fin de evitar procesos inflacionarios que perjudican siempre con mayor rigor a los sectores de menores ingresos.
Es oportuno aclarar que un gobierno simpático no trabaja bajo el enfoque populista de “darle al pueblo” para garantizar voto electoral (otra forma de clientelismo), sino que se basa en un nuevo pacto social mediante el cual el Estado deja de ser asistencialista y proveedor. Se rescata así su función de entidad reguladora de la convivencia ciudadana, además de creador del marco jurídico - económico que incentiva la producción de riqueza y procura la equidad de su distribución.
Sin dudas habrá aceptación si la gente percibe a su gobierno como simpático porque entiende que está estructuralmente enfocado en facilitar el bien común. En este aspecto la institucionalidad emanada de la ley, y el respeto a ésta, constituye un factor crucial para la percepción de simpatía; de lo contrario, en palabras de Fernando Henrique Cardoso, aparece "el riesgo de que la democracia se vuelva populismo; populismo es cuando el líder menosprecia la institución y va directamente a la base".
Por otra parte, un gobierno simpático demuestra ser tal cuando en lo político facilita la democracia participativa, generadora de un sentimiento de utilidad social y de pertenencia a una nación en la que su gente vive convencida de que no necesita emigrar porque su país, a fuerza de cultura y de altruismo político, se convirtió en una potencia simpática mundial, algo muy cercano a la abstracción que solemos llamar felicidad.
El primer deber de un gobierno es ser simpático. Nótese que digo de un gobierno y no de un gobernante, pues aunque se trate de un líder carismático y portador de un excelente sentido del humor, su actuación política genuinamente simpática dependerá del sustrato filosófico y de la cultura organizacional del Estado al que representa.
Ejercer la función administrativa de los asuntos del Estado puede llegar a convertirse en un desempeño simpático ante la opinión pública si el liderazgo demuestra cultura, altruismo y voluntad de propiciar el bien común. Porque ser un gobierno simpático resulta de la actitud de compromiso político con la ciudadanía en el sentido de solucionar aquellos problemas apremiantes que afectan a la sociedad en su conjunto, y en particular a los sectores de menores ingresos, a fin de lograr una equidad social lo más justa posible.
El discurso de un gobierno simpático habla del desarrollo del individuo y de la familia, no del de grupos de poder ni del propio Estado. Las creencias sobre la necesidad de un Estado “fuerte” hoy son inoperantes si no se concibe que la fortaleza del Estado contemporáneo viene dada por su capacidad de satisfacer las necesidades básicas del individuo, entre las cuales está la necesidad de libertad. ¿De qué sirve informarnos de que el Estado es “fuerte”, que la “macroeconomía” tiene estabilidad, cuando ese supuesto “logro estadístico” no se traduce en la mesa de una familia ni en la calidad de vida de los individuos?
Un gobierno es simpático si el sistema socioeconómico en que se apoya lo es; cuando su gestión política transcurre a través de un sistema institucional armónico y democrático basado en la ética, en el respeto a la ley, en la transparencia, en la tolerancia de opiniones divergentes y en el altruismo; cuando desde esa institucionalidad el Estado (lo permanente) controla, fiscaliza y vigila al gobierno (lo temporal y cambiante), obligándolo a que su función administrativa del poder sea congruente con los ideales que el sistema socioeconómico persigue.
A la vez, un sistema socioeconómico es simpático cuando los ciudadanos perciben en la praxis gubernamental una sincera voluntad política de crear las bases para el desarrollo sustentable de la nación en una perspectiva a largo plazo; cuando evita la inequidad distributiva que conduce a polarizar la riqueza y la pobreza en extremos insostenibles; cuando ejecuta una inversión social más allá de lo simbólico-político con fines electorales. En suma, cuando establece políticas públicas dirigidas a encauzar un progreso tangible que beneficie al individuo, hombre o mujer, cuya existencia es efímera en términos temporales y por tanto aspira a materializar sus necesidades básicas durante su fugaz paso por la vida.
Un primer paso para que el gobierno comience a ser percibido como simpático es eliminar del presupuesto anual del Estado el subsidio a partidos y movimientos políticos y prohibir que el sector privado contribuya en modo alguno al sustento financiero de los partidos. Al mismo tiempo, declarar en la constitución que el eje de la vida nacional es la actividad económica y no la sistemática actuación política, improductiva y reproductora del círculo vicioso clientelista.
La supresión del financiamiento estatal y privado a las entidades políticas debiera ser el punto de partida del reordenamiento de la convivencia democrática del siglo XXI y generaría sin dudas un sentimiento de beneficio social porque el Estado no se vería impulsado a estrangular a la gente con impuestos irracionales para pagar a clientes políticos y, al mismo tiempo, las partidas presupuestarias que antes se tragaban los partidos ahora se destinarán a la educación, a la salud, al fomento del micro crédito comunitario para que sus habitantes creen la infraestructura básica en sus respectivas localidades. De igual modo el concepto de responsabilidad social corporativa, por ley, debiera enfocarse en las inversiones productivas, fomentadoras de empleos reales y en la creación de infraestructuras locales, dejando atrás el populismo de donativos circunstanciales y simbólicos.
En países de economía abierta, dependientes de las importaciones, el beneficio sería igualmente tangible, porque al suprimir la voracidad fiscal para sufragar la dinámica clientelista, los aranceles se reducirían a niveles mínimos razonables, a fin de evitar procesos inflacionarios que perjudican siempre con mayor rigor a los sectores de menores ingresos.
Es oportuno aclarar que un gobierno simpático no trabaja bajo el enfoque populista de “darle al pueblo” para garantizar voto electoral (otra forma de clientelismo), sino que se basa en un nuevo pacto social mediante el cual el Estado deja de ser asistencialista y proveedor. Se rescata así su función de entidad reguladora de la convivencia ciudadana, además de creador del marco jurídico - económico que incentiva la producción de riqueza y procura la equidad de su distribución.
Sin dudas habrá aceptación si la gente percibe a su gobierno como simpático porque entiende que está estructuralmente enfocado en facilitar el bien común. En este aspecto la institucionalidad emanada de la ley, y el respeto a ésta, constituye un factor crucial para la percepción de simpatía; de lo contrario, en palabras de Fernando Henrique Cardoso, aparece "el riesgo de que la democracia se vuelva populismo; populismo es cuando el líder menosprecia la institución y va directamente a la base".
Por otra parte, un gobierno simpático demuestra ser tal cuando en lo político facilita la democracia participativa, generadora de un sentimiento de utilidad social y de pertenencia a una nación en la que su gente vive convencida de que no necesita emigrar porque su país, a fuerza de cultura y de altruismo político, se convirtió en una potencia simpática mundial, algo muy cercano a la abstracción que solemos llamar felicidad.
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